Hay pesadillas que no ocurren en la oscuridad, sino a plena luz del día, bajo el techo de un hogar y con la pasividad de quienes deberían impedirlo. Cuando el foco de la desprotección apunta directamente a un familiar cercano con discapacidad, el problema deja de ser un simple conflicto burocrático para convertirse en una urgencia vital.
personas manipuladoras, dominantes y con oscuras intenciones de apropiación económica que se acercan a un perfil vulnerable como aves de rapiña. Lo primero que hacen es aislar a su víctima, sembrar dudas, atemorizar y cortar los puentes con su entorno natural. Y lo hacen con total impunidad, a la vista de todos, mientras los mecanismos de protección del Estado parecen enredados en un laberinto interminable de expedientes, citas vacías y trámites que se alargan desesperadamente.
Resulta exasperante comprobar cómo, ante denuncias claras de manipulación, acoso psicológico y maniobras económicas abusivas, las instituciones oficiales y los cauces judiciales responden con una lentitud desesperante. Mientras los despachos dilatan los plazos, el cerco sobre la persona vulnerable se estrecha. Las autoridades del orden público y los responsables de tutelar la justicia se escudan a menudo en que «mientras no haya un delito flagrante» o una sentencia firme dictada tras años de espera, hay poco que hacer. Pero el daño, en la mente y en el patrimonio de quien no puede defenderse por sí mismo, se consuma cada día.
¿Qué se está esperando? ¿A que la situación sea irreversible para actuar? No estamos
hablando de un problema sin solución, sino de una falta de determinación alarmante por parte de quienes tienen la obligación legal y moral de proteger a los más frágiles. Existen herramientas jurídicas, gabinetes periciales, fiscales dispuestos a investigar y profesionales preparados para frenar este expolio silencioso antes de que sea demasiado tarde.Permitir que la codicia ajena campen a sus anchas bajo una falsa apariencia de cuidado es un fracaso colectivo que no nos podemos permitir. Es urgente exigir a los tribunales y a las administraciones que dejen de mirar hacia otro lado. Proteger a quienes no pueden alzar la voz por sí mismos debería ser la máxima prioridad, antes de que la dejadez institucional convierta una cruda injusticia en una tragedia irreparable.
Desde el dolor y la impotencia: Paco López

